Investigadora experta del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Políticas de la CUC acompañó a directora ejecutiva de ACOPI Atlántico en rueda de prensa
El pasado 24 de marzo, se llevó a cabo una rueda de prensa en la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ACOPI) Seccional Atlántico, donde se expuso la radiografía actual del tejido productivo local y nacional al presentar la Encuesta de Desempeño Empresarial del 4to trimestre de 2025.
El encuentro estuvo liderado por Rosmery Quintero Castro, directora ejecutiva de ACOPI Atlántico, y contó con el análisis de Laura Carrasquilla, investigadora experta en derecho empresarial del Centro de Investigaciones Sociojurídicas y Políticas de la Universidad de la Costa, quienes advirtieron sobre los grandes retos macroeconómicos, jurídicos y de seguridad que asfixian al sector.
A continuación, los hallazgos más relevantes presentados durante la jornada:
Indicadores fundamentales a la baja
El cierre de 2025 evidenció un debilitamiento generalizado en la dinámica comercial y operativa de las MiPymes, marcado por una contracción en sus cifras más sensibles:
- Ventas en declive: El 50,4% de las empresas encuestadas reportó que su volumen de ventas disminuyó durante el trimestre.
- Freno en la producción: El 47,3% de las organizaciones señaló una reducción en su nivel de producción de bienes y/o servicios.
- Caída de la rentabilidad y la inversión: El 56,1% de los empresarios indicó que su rentabilidad disminuyó, mientras que el 53,3% reportó una reducción en las inversiones realizadas.
- Impacto laboral: La capacidad para crear nuevos puestos de trabajo también se vio fuertemente golpeada, ya que el 47,6% de las empresas afirmó que la generación de empleo disminuyó.
La sombra de la inseguridad, la corrupción y la política
Desde la perspectiva socio jurídica, la rueda de prensa hizo especial énfasis en las variables del entorno institucional que están condicionando la viabilidad empresarial:
- Seguridad: Del 83,4% de los empresarios que reportaron afectaciones por la falta de seguridad, el 35,8% fue víctima de hurtos o robos. Además, un alarmante 32,5% reportó haber sufrido extorsiones o amenazas.
- Corrupción en lo público: El 81,4% de los empresarios considera que la corrupción limita en gran medida el crecimiento y la competitividad de sus negocios. De hecho, el 43,6% percibe que las mayores prácticas corruptas se dan en la contratación con el Estado.
- Incertidumbre política: Las decisiones de inversión y crecimiento se han visto altamente influenciadas por la incertidumbre política para el 50,7% de las compañías, siendo los cambios en la política económica o tributaria (34,9%) la principal fuente de zozobra.
Ley de Plazos Justos y Contratación: Obstáculos jurídicos y de mercado
Durante su intervención, los voceros analizaron el impacto real de las normativas diseñadas para proteger a las MiPymes, revelando preocupantes asimetrías:
- Asfixia en el flujo de caja: Aunque la Ley de Pago a Plazos Justos busca proteger la liquidez de las MiPymes, existe un desequilibrio. El 74,5% de las empresas cumple pagando a sus proveedores entre 1 y 45 días, pero solo el 58,8% logra recibir el pago de sus ventas en ese mismo plazo. El 60,9% de los afectados culpa a la baja adopción de la ley por parte de los clientes.
- Exclusión del mercado público: La participación de las MiPymes en la contratación pública es casi nula a nivel de adjudicación final. Durante 2024, de más de 82 millones de procesos de contratación, apenas el 0,08% fue adjudicado a MiPymes.
Expectativas cautelosas para 2026
El evento concluyó con una mirada hacia el futuro inmediato. Para el primer trimestre de 2026, reina la prudencia: el 40,5% de las MiPymes anticipa una disminución en su rentabilidad y un 45,1% espera una caída en la generación de empleo. Tanto Quintero como Carrasquilla hicieron un llamado urgente a fortalecer la seguridad, la confianza institucional y los mecanismos de protección jurídica para evitar un mayor deterioro del sector.
